Ateísmo e Iglesia (Gaudium et spes)

     La constitución Gaudium et spes (Concilio Vaticano II) fue promulgada el día 7 de diciembre de 1965. De 2.391 Padres Conciliares reunidos en el aula conciliar, 2.309 votaron a favor. Recoge en sus primeros números unas pistas que ayudan a entender el fenómeno del ateísmo tan de actualidad en nuestros días. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuál es su contenido? ¿Cómo se sitúa la Iglesia frente a este fenómeno?

     También los católicos, entre otros, hemos de entonar el mea culpa cuando hablamos del florecimiento y expansión y del ateísmo. Sin duda no es culpa sólo de los creyentes, ya que existen otros factores que el Concilio señala. Sirviendo como llamada de atención, he aquí una pincelada: “En esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión” (GS 19).  Estos números se enmarcan dentro de la primera parte del documento titulado La Iglesia y la vocación del hombre, cuyo capítulo primero es La dignidad de la persona humana, donde nos encontramos. Fue deseo de los Padres Conciliares iluminar  a los cristianos con respecto a este fenómeno, como perteneciente a esa relectura de la realidad que se llamó los signos de los tiempos. Aquí retomamos ese mismo deseo: mirar los signos de los tiempos y dar una respuesta cristiana a nuestro mundo hoy.

Formas y raíces del ateísmo

19. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios, que lo creó, y por el amor de Dios, que lo conserva. Y sólo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo. Y debe ser examinado con toda atención.

La palabra “ateísmo” designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente. Otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal, que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión. Muchos, rebasando indebidamente los límites sobre esta base puramente científica o, por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre, que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más, a lo que parece, la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque, al parecer, no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo o como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios.

Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y, por tanto, no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones, y, ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión.

El ateísmo sistemático

20. Con frecuencia, el ateísmo moderno reviste también la forma sistemática, la cual, dejando ahora otras causas, lleva el afán de autonomía humana hasta negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia. Lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor, autor y fin de todo, o por lo menos tal afirmación de Dios es completamente superflua. El sentido de poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esta doctrina.

Entre las formas del ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque, al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público.

Actitud de la Iglesia ante el ateísmo

21. La Iglesia, fiel a Dios y fiel a los hombres, no puede dejar de reprobar con dolor, pero con firmeza, como hasta ahora ha reprobado, esas perniciosas doctrinas y conductas, que son contrarias a la razón y a la experiencia humana universal y privan al hombre de su innata grandeza.

Quiere, sin embargo, conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente del hombre ateo. Consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres, la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser objeto de serio y más profundo examen.

La Iglesia afirma que el reconocimiento de Dios no se opone en modo alguno a la dignidad humana, ya que esta dignidad tiene en el mismo Dios su fundamento y perfección. Es Dios creador el que constituye al hombre inteligente y libre en la sociedad. Y, sobre todo, el hombre es llamado, como hijo, a la unión con Dios y a la participación de su felicidad. Enseña además la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando, por el contrario, faltan ese fundamento divino y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas -es lo que hoy con frecuencia sucede-, y los enigmas de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación.

Todo hombre resulta para sí mismo un problema no resuelto, percibido con cierta obscuridad. Nadie en ciertos momentos, sobre todo en los acontecimientos más importantes de la vida, puede huir del todo el interrogante referido. A este problema sólo Dios da respuesta plena y totalmente cierta; Dios, que llama al hombre a pensamientos más altos y a una búsqueda más humilde de la verdad.

El remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. A la Iglesia toca hacer presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de esta fe, la cual debe manifestar su fecundidad imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes, e impulsándolos a la justicia y al amor, sobre todo respecto del necesitado. Mucho contribuye, finalmente, a esta afirmación de la presencia de Dios el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad.

La Iglesia, aunque rechaza en forma absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres, creyentes y no creyentes, deben colaborar en la edificación de este mundo, en el que viven en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Lamenta, pues, la Iglesia la discriminación entre creyentes y no creyentes que algunas autoridades políticas, negando los derechos fundamentales de la persona humana, establecen injustamente. Pide para los creyentes libertad activa para que puedan levantar en este mundo también un templo a Dios. E invita cortésmente a los ateos a que consideren sin prejuicios el Evangelio de Cristo.

La Iglesia sabe perfectamente que su mensaje está de acuerdo con los deseos más profundos del corazón humano cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan ya de sus destinos más altos. Su mensaje, lejos de empequeñecer al hombre, difunde luz, vida y libertad para el progreso humano. Lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquello que “nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”.

 

Benedicto XVI ante la crisis económica (Carta de Benedicto XVI al primer ministro inglés Gordon Brown)

     Benedicto XVI escribió una carta al primer ministro inglés Gordon Brown, fechada el 30 de marzo de 2009, con motivo de la reunión en Londres (2 y 3 abril  de 2009) de los representantes de los países con las veinte economías más poderosas del mundo, cuyo tema a tratar fue la crisis económica mundial.

 

     Quizás esta carta no haya tenido repercusión en los medios de comunicación. Sin embargo las palabras del Papa están cargadas de preocupación y dolor, porque al final, los más afectados son siempre los mismos: los pobres, las familias, los trabajadores. Todo apunta a una idea clara que la Doctrina Social de la Iglesia ya ha manifestado: el capitalismo no es la solución… Mucho menos los sistemas colectivistas. ¿Nos encontramos, pues, en el momento perfecto para buscar otras vías que encaucen un nuevo sistema económico? ¿En qué lugar queda la ética en el campo de la economía?

 

     Miren, comparen… y si encuentran otro sistema económico mejor y más justo… a por él.

 

     El texto completo se encuentra en el siguiente enlace: Carta de Benedicto XVI al primer ministro Gordon Brown.

 

Con esta carta quiero expresarle a usted y a los jefes de Estado y de Gobierno que participarán en la cumbre el aprecio de la Iglesia católica, así como el mío personal, por los nobles objetivos de ese encuentro, que surgen de la convicción, compartida por todos los Gobiernos y las organizaciones internacionales participantes, de que la salida de la actual crisis global sólo puede lograrse juntos, evitando soluciones marcadas por el egoísmo nacionalista o el proteccionismo.

 

Escribo este mensaje tras volver de África, donde tuve la oportunidad de palpar la realidad de una pobreza y una marginación extremas, que la crisis podría agravar dramáticamente. También fui testigo de los extraordinarios recursos humanos con los que ese continente ha sido bendecido y que puede ofrecer a todo el mundo.

 

La cumbre de Londres, como la de Washington en 2008, por razones prácticas y urgentes, se ha limitado a convocar a los Estados que representan el 90% del producto interno bruto y el 80% del comercio mundial. En este marco, el África subsahariana está representada por un solo Estado y algunas organizaciones regionales. Esta situación debe suscitar una profunda reflexión entre los participantes en la cumbre, puesto que aquellos cuya voz tiene menos fuerza en el escenario político son precisamente los que más sufren los efectos perjudiciales de una crisis de la que no son en absoluto responsables. Además, a largo plazo, son los que tienen mayor potencial para contribuir al progreso de todos.

 

Por tanto, es necesario volver a los mecanismos y las estructuras multinacionales que forman parte de las Naciones Unidas y sus organizaciones asociadas, para escuchar la voz de todos los países y para garantizar que las medidas y las decisiones adoptadas en los encuentros del G-20 sean compartidas por todos.

 

Al mismo tiempo, quiero añadir otro motivo de la necesidad de la reflexión de la cumbre. Las crisis financieras estallan cuando —en parte por la falta de una conducta ética correcta— los que trabajan en el sector económico pierden la confianza en los instrumentos y en los sistemas financieros. Sin embargo, las finanzas, el comercio y los sistemas de producción son creaciones humanas contingentes que, si se convierten en objeto de fe ciega, llevan consigo las raíces de su propio fracaso. Su único fundamento verdadero y sólido es la fe en la persona humana. Por esta razón, todas las medidas propuestas para frenar la crisis, en definitiva, deben tratar de ofrecer seguridad a las familias y estabilidad a los trabajadores y, a través de reglas y controles apropiados, restablecer la ética en el mundo de las finanzas.

 

La crisis actual ha suscitado el espectro de la cancelación o la reducción drástica de los programas de ayuda exterior, especialmente para África y para los países menos desarrollados en otras partes. La ayuda al desarrollo, incluidas las condiciones comerciales y financieras favorables para los países menos desarrollados y la cancelación de la deuda externa de los países más pobres y más endeudados, no ha sido la causa de la crisis y, por una razón de justicia fundamental, no debe ser su víctima.

 

Si un elemento clave de la crisis es un déficit de ética en las estructuras económicas, esta misma crisis nos enseña que la ética no es “externa” a la economía, sino “interna”, y que la economía no puede funcionar si no lleva en sí un componente ético.

 

Por tanto, la confianza renovada en la persona humana, que debe animar todos los pasos para resolver la crisis, se aplicará mejor a través del fortalecimiento valiente y generoso de una cooperación internacional capaz de promover un desarrollo verdaderamente humano e integral. La confianza positiva en la persona humana, sobre todo en los hombres y las mujeres más pobres —de África y de otras regiones del mundo afectadas por la pobreza extrema—, es lo que se necesita si verdaderamente se quiere salir de la crisis de una vez para siempre, sin excluir a ninguna región, y si se quiere evitar definitivamente que se repita una situación análoga a la situación en la que nos encontramos hoy.

 

La vida económico-social en España (CEE)

     El 20 de noviembre de 1990 la Conferencia Episcopal Española publicó La verdad os hará libres, una instrucción pastoral sobre la conciencia cristiana ante la situación moral de nuestra sociedad. El título está extraído de Jn 8,32 donde Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él: “Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”.

 

     Fiel al Evangelio, el episcopado español hace un llamamiento a nuestra sociedad en materia económica. El valor y el sentido verdadero del dinero se están oscureciendo y afecta directamente al mismo hombre en todos los ámbitos sociales. ¿El hombre al servicio del dinero o el dinero al servicio del hombre?

 

 

18. En nuestro momento actual observamos una desmesurada exaltación del dinero. El ideal de muchos parece que no es otro que el de hacerse ricos o muy ricos en poco tiempo sin ahorrar medios para conseguirlo, sin atender a otros valores, sobre todo a los aspectos éticos de la actividad económica.

 

Todo parece dominado por las preocupaciones economicistas como si esas debieran ser las aspiraciones principales y envolventes de la sociedad. Exponente de ello es la obsesión, elevada a categoría social, por un crecimiento cuantitativo que no asume los costos sociales ni se pregunta con realismo a quien perjudica y a quien beneficia. La misma integración en Europa se ha considerado preferentemente en los aspectos económicos y las nuevas relaciones con los países del Este europeo están dirigidas, casi con exclusividad, a la venta y consumo de los productos de Occidente. Por otra parte, la escasa aportación a la ayuda de los pueblos subdesarrollados (está muy por debajo del 0,7% de P.N.B. recomendado) es un indicio más de la mentalidad economicista e insolidaria que venimos denunciando. Se exalta la especulación y se deja en un segundo plano el interés por la vida empresarial con sus riesgos y con su capacidad productora de bienes, al tiempo que no se favorece el ahorro.

 

Es preciso denunciar, por otra parte, graves y escandalosas corrupciones, tales como algunas recalificaciones “interesadas” de terrenos, los negocios abusivos y fraudulentos derivados de tales recalificaciones, o la especulación en el campo de la vivienda favorecida por oscuros intereses desde diversas instancias a costa de los más débiles. El dinero negro conseguido fraudulentamente constituye uno de los fenómenos con mayor poder corruptor en la sociedad de hoy; en particular el dinero criminal del narcotráfico y su correspondiente blanqueo con la complicidad de otras entidades es una de las lacras más repugnantes de una sociedad degradada.

 

A esto habría que añadir la injusticia social y la insolidaridad creciente que causan desigualdades en el reparto de bienes y provocan nuevas bolsas de pobreza. También se da una injusta desatención a los extranjeros e inmigrantes que vienen a nuestro país en busca de medios de subsistencia. Y, por último, hay que denunciar, una vez más, el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social, tan actuales en el momento presente, síntoma de la falta de conciencia social. (Para mayor abundamiento en este tema puede verse: “Crisis económica y responsabilidad moral”. Declaración de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, 1984, n. 3.4).

 

Nuestra sociedad está elevando a rango de “modelos” a hombres y mujeres cuya única acreditación parece ser el éxito fulgurante en el ámbito de la riqueza y del lujo. Se ofrecen a la opinión pública como prototipos a quienes el azar, la suerte o el poder han elevado al “éxito” social. Se inflige a los más desfavorecidos el agravio comparativo de la ostentación y de las fortunas rápidamente adquiridas. Todo ello conduce a una mentalidad para la que lo importante es tener ”éxito” al margen de cualquier razón ética.

 

Al mismo tiempo, a los que no tienen otros recursos, se les estimula a conseguir el estado económico, “prestigiado” y ambicionado en esta sociedad, por medio de todo tipo de juegos de azar, algunos de ellos gestionados y publicitados por la propia Administración pública. “España, se ha dicho, se ha convertido en un gran casino”. Y muchos de sus ciudadanos parecen confiar cada vez más en el golpe de fortuna. De este modo se están primando las peligrosas tentaciones del fatalismo y de la pereza y se minan los estímulos para el trabajo, al tiempo que se extiende la picaresca y el “triunfo” de los pícaros.

 

El clima en que vivimos, ciertamente, está corrompiendo la sociedad y ha proliferado de tal manera que las mismas adhesiones políticas se consiguen, a veces, a través del dinero mediante el “voto subsidiado” -tan inmoral por parte del que lo fomenta como del que lo otorga- o se hace “negocio” con el paro. Se echa en falta ejemplaridad económica en las mismas esferas del poder político. El derroche en gastos superfluos, la ostentación, la insolidaridad con los países del tercer mundo, etc.; favorecen esta mentalidad que aquí denunciamos.

 

La libertad religiosa: un derecho que produce resquemor (Dignitatis humanae)

     Por todos es sabido que el Concilio Vaticano II supuso una bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica: tenía la necesidad de resituarse en un mundo que había cambiado en un corto espacio de tiempo. El papa Juan XXIII utilizaría la palabra italiana aggiornamento para designar lo que en español se traduciría por una puesta al día y renovación de la Iglesia. Desde el anuncio del Concilio (25 de enero de 1959) el Papa tenía en mente la idea de la reunificación cristiana, la re-unión con los hermanos separados, la unión de toda la cristiandad. Por este motivo, el Concilio Ecuménico Vaticano II contó con la asistencia de hermanos de otras confesiones cristianas.

     De todos los documentos conciliares, los que menos peso tienen son las declaraciones (las constituciones son los pilares del Concilio, seguidas por los decretos). El Concilio Vaticano II promulgó tres declaraciones, siendo una de ellas la que trata sobre la libertad religiosa llamada Dignitatis humanae. No es el documento conciliar más importante, tampoco el más largo. Sin embargo, fue el más discutido en el aula conciliar teniendo en cuenta su proporción: el 7 de diciembre de 1965 es votado por los Padres, con 2.038 votos a favor y 70 en contra. Además tuvo una gran acogida en los medios de comunicación de todo el mundo, captó la atención de la comunidad política internacional y del resto de confesiones cristianas y religiones.

     En síntesis, la libertad religiosa es un derecho de la persona, fundado en su misma dignidad. El ejercicio de este derecho exige no sólo la manifestación privada de la fe, sino también la pública. Por tanto, la comunidad política como cooperadora del bien común tiene que reconocer la vida religiosa de sus ciudadanos, procurarla y favorecerla.

     Pero, ¿por qué este derecho que nace de la misma dignidad de la persona produce tanto resquemor en algunos? ¿Por qué hay Estados, políticos y líderes religiosos cerrados a este derecho? Violarlo es ir en contra de la búsqueda del bien común. Por tanto, una irresponsabilidad política y religiosa, un atropello de la dignidad de la persona y un ataque directo a uno de los principales derechos sobre los que se sustenta la vida. ¡No podemos consentir nunca la vulneración del derecho a la libertad religiosa!

2. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil.

Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio, con tal de que se guarde el justo orden público, no puede ser impedido.

3. Todo esto se hace más claro aún a quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al hombre de esta su ley, de manera que el hombre, por suave disposición de la divina Providencia, puede conocer más y más la verdad inmutable. Por lo tanto, cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, se forme, con prudencia, rectos y verdaderos juicios de conciencia.

Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la educación, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales unos exponen a otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad; y una vez conocida ésta, hay que aceptarla firmemente con asentimiento personal.

El hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina; conciencia que tiene obligación de seguir fielmente, en toda su actividad, para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto, no se le puede forzar a obrar contra su conciencia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según su conciencia, principalmente en materia religiosa. Porque el ejercicio de la religión, por su propia índole, consiste, sobre todo, en los actos internos voluntarios y libres, por los que el hombre se relaciona directamente a Dios: actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Y la misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión de forma comunitaria.

Se hace, pues, injuria a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para los hombres, si, quedando a salvo el justo orden público, se niega al hombre el libre ejercicio de la religión en la sociedad.

Además, los actos religiosos con que los hombres, partiendo de su íntima convicción, se relacionan privada y públicamente con Dios, trascienden por su naturaleza el orden terrestre y temporal. Por consiguiente, la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal, debe reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos; pero excede su competencia si pretende dirigir o impedir los actos religiosos.

4. La liberta o inmunidad de coacción en materia religiosa, que compete a las personas individualmente, ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque la naturaleza social, tanto del hombre como de la religión misma, exige las comunidades religiosas.

A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la Divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sustentarlos con la doctrina, y para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.

A las comunidades religiosas les compete igualmente el derecho de que no se les impida por medios legales o por acción administrativa de la autoridad civil la elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, la comunicación con las autoridades y comunidades religiosas que tienen su sede en otras partes del mundo, ni la erección de edificios religiosos y la adquisición y uso de los bienes convenientes.

Las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fe. Pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno.

Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.

5. Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Así, pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan, además, los derechos de los padres, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres, o si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa.

6. Puesto que el bien común de la sociedad, que es el conjunto de las condiciones de la vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, se asienta sobre todo en la observancia de los derechos y deberes de la persona humana , la protección del derecho a la libertad religiosa concierne a los ciudadanos, a las autoridades civiles, a la Iglesia y demás comunidades religiosas, según la índole peculiar de cada una de ellas, teniendo en cuenta su respectiva obligación para con el bien común.

La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos con leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes, y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.

Si, consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas.

Finalmente, la autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica de los ciudadanos, que pertenece también al bien común de la sociedad, jamás, ni abierta ni ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, y a que no se haga discriminación entre ellos.

De aquí se sigue que la autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos, por la fuerza, o por miedo, o por otros recursos, la profesión o el abandono de cualquier religión, ni impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandona. Y tanto más se obra contra la voluntad de Dios y contra los sagrados derechos de la persona y de la familia humana, cuando la fuerza se aplica bajo cualquier forma, con el fin de eliminar o cohibir la religión, o en todo el género humano, o en alguna región, o en un determinado grupo.

7. El derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana y, por ello, su uso está sujeto a ciertas normas que lo regulan.

En el uso de todas las libertades hay que observar el principio moral de la responsabilidad personal y social: en el ejercicio de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de todos. Con todos hay que obrar según justicia y humanidad.

Además, puesto que la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse bajo pretexto de libertad religiosa, corresponde principalmente a la autoridad civil prestar esta protección. Sin embargo, esto no debe hacerse de forma arbitraria, o favoreciendo injustamente a una parte, sino según normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo. Normas que son requeridas por la tutela eficaz de estos derechos en favor de todos los ciudadanos y por la pacífica composición de tales derechos, por la adecuada promoción de esta honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia, y por la debida custodia de la moralidad pública. Todo esto constituye una parte fundamental del bien común y está comprendido en la noción de orden público. Por lo demás, se debe observar en la sociedad la norma de la libertad íntegra, según la cual, la libertad debe reconocerse al hombre lo más ampliamente posible y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea. La educación para el ejercicio de la libertad

8. Los hombres de nuestro tiempo son presionados de distintas maneras y se encuentran en el peligro de verse privados de su propia libertad de elección. Por otra parte, son no pocos los que se muestran propensos a rechazar toda subjección bajo pretexto de libertad y a tener en poco la debida obediencia.

Por lo cual, este Concilio Vaticano exhorta a todos, pero principalmente a aquellos que cuidan de la educación de otros, a que se esmeren en formar a los hombres de tal forma que, acatando el orden moral, obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la genuina libertad; hombres que juzguen las cosas con criterio propio a la luz de la verdad, que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad, y que se esfuercen en secundar todo lo verdadero y lo justo, asociando gustosamente su acción con los demás.

Por lo tanto, la libertad religiosa se debe también ordenar a contribuir a que los hombres actúen con mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes en la vida social.

 

Qué dice la Iglesia sobre el nacionalismo (CEE)

     La LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española publicó una instrucción pastoral que llevó por título Orientaciones morales ante la situación actual de España, fechada el 23 de noviembre de 2006.

     Uno de los apartados de dicha instrucción trata sobre el nacionalismo y la opinión del episcopado español acerca de este tema. Sin duda, es un tema hoy candente que exige tener claridad de ideas que faciliten el dar una respuesta coherente en nuestra sociedad. Es un texto muy iluminador que no tiene desperdicio.

70. Creemos necesario decir una palabra sosegada y serena que, en primer lugar, ayude a los católicos a orientarse en la valoración moral de los nacionalismos en la situación concreta de España. Pensamos que estas orientaciones podrán ayudar también a otras personas a formarse una opinión razonable en una cuestión que afecta profundamente a la organización de la sociedad y a la convivencia entre los españoles. No todos los nacionalismos son iguales. Unos son independentistas y otros no lo son. Unos incorporan doctrinas más o menos liberales y otros se inspiran en filosofías más o menos marxistas.

71. Para emitir un juicio moral justo sobre este fenómeno es necesario partir de la consideración ponderada la realidad histórica de la nación española en su conjunto. Los diversos pueblos que hoy constituyen el Estado español iniciaron ya un proceso cultural común, y comenzaron  a encontrarse en una cierta comunidad de intereses e incluso de administración como consecuencia de la romanización de nuestro territorio. Favorecido por aquella situación, el anuncio de la fe cristiana alcanzó muy pronto a toda la Península, llegando a constituirse, sin demasiada dilación, en otro elemento fundamental de acercamiento y cohesión. Esta unidad cultural básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas a lo largo de la historia, ha buscado también, de distintas maneras, su configuración política. Ninguna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España.

72. La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y, en último término, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula política tiene carácter absoluto; ningún cambio podrá tampoco resolver automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cuestión, la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás. En todo caso, habrá de ser respetada siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones o recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los muchos bienes comunes que a todos nos enriquecen.

73. La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos democráticos, pretendan modificar la unidad política de España. Pero enseña también que, en este caso, como en cualquier otro, las propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. Todos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? Es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en igualdad de derechos, en cualquier territorio o en cualquier ciudad del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos los afectados?

74. Si la situación actual requiriese algunas modificaciones del ordenamiento político, los Obispos nos sentimos obligados a exhortar a los católicos a proceder responsablemente, de acuerdo con los criterios mencionados en los párrafos anteriores, sin dejarse llevar por impulsos egoístas ni por reivindicaciones ideológicas. Al mismo tiempo, nos sentimos autorizados a rogar a todos nuestros conciudadanos que tengan en cuenta todos los aspectos de la cuestión, procurando un reforzamiento de las motivaciones éticas, inspiradas en la solidaridad más que en los propios intereses. Nos sirven de ayuda las palabras del Papa Juan Pablo II a los Obispos italianos: “Es preciso superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada” por parte de todos. Hay que evitar los riesgos evidentes de manipulación de la verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones particularistas o reivindicaciones ideológicas.

75. La misión de la Iglesia en relación con estas cuestiones de orden político, que afectan tan profundamente al bienestar y a la prosperidad de todos los pueblos de España, consiste nada más y nada menos que en “exhortar a la renovación moral y a una profunda solidaridad de todos los ciudadanos, de manera que se aseguren las condiciones para la reconciliación y la superación de las injusticias, las divisiones y los enfrentamientos”.

76. Con verdadero encarecimiento nos dirigimos a todos los miembros de la Iglesia, invitándoles a elevar oraciones a Dios en favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural que llamamos España. Animamos a los católicos españoles a ejercer sus derechos políticos participando activamente en estas cuestiones, teniendo en cuenta los criterios y sugerencias de la moral social católica, garantía de libertad, justicia y solidaridad para todos. 

 

 

 

La vida política tiene exigencias morales (CEE)

     En el documento de la CEE La verdad os hará libres (1990), los obispos españoles se dirigen a los poderes públicos, en primer lugar, alabando y estimando su labor al servicio del hombre. Pero les recuerda, además, que la vida política tiene una serie de exigencias morales que, si no se tienen en cuenta, podría declinar en un poder destructivo.

     Aunque desde su publicación han pasado ya 19 años, no ha perdido vigencia. Y es que, cuando el discernimiento de la realidad se hace a la luz del Evangelio siempre es actual, siempre es nuevo, siempre tiene algo que decirnos.

60. Nos dirigimos aquí también a quienes ejercen el poder político. Los cristianos hemos de ser los primeros en mostrar nuestro reconocimiento leal hacia los políticos. Sin ninguna reserva, “la Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la ”res” pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades” (GS, n. 75).

 

Carece de fundamento evangélico una actitud de permanente recelo, de crítica irresponsable y sistemática en este ámbito. Consideramos, asimismo, con mucha preocupación el hecho de que, pese a la importante presencia de los católicos en el cuerpo social, éstos no tienen el correspondiente peso en el orden político. La fe tiene repercusiones políticas y demanda, por tanto, la presencia y la participación política de los creyentes. La no beligerancia de la Iglesia consistente en no identificarse con ningún partido como exponente cabal del Evangelio, no debe confundirse con la indiferencia. En un documento anterior -”Los católicos en la vida pública”- los obispos hemos expuesto las distintas formas de participación de los cristianos; a él nos remitimos.

 

61. Junto a este reconocimiento franco hemos de recordar algo, por lo demás obvio: la vida política tiene también sus exigencias morales. Sin una conciencia y sin una voluntad éticas, la actividad política degenera, tarde o temprano, en un poder destructor. Las exigencias éticas se extienden tanto a la gestión pública en sí misma como a las personas que la dirigen o ejercen. El espíritu de auténtico servicio y la prosecución decidida del bien común, como bien de todos y de todo el hombre, inseparable del reconocimiento efectivo de la persona humana, es lo único capaz de hacer “limpia” la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, el pueblo exige. Esto lleva consigo la lucha abierta contra los abusos y corrupciones que puedan darse en la administración del poder y de la cosa pública y exige la decidida superación de algunas tentaciones, de las que no está exento el ejercicio del poder político, como señalamos, con algunos ejemplos, en la primera parte de este escrito.

 

62. La ejemplaridad de los políticos es fundamental y totalmente exigible para que el conjunto del cuerpo social se regenere. Por esto una operación de saneamiento, de transparencia, es imprescindible para la recomposición del tejido moral de nuestra sociedad.

 

No se puede, por lo demás, separar la moral pública y la moral privada. Hoy se proclama con rara unanimidad que el hombre público tiene derecho a su vida privada, sancionándose de este modo una dicotomía que secciona al mismo individuo en dos compartimentos estancos. Todo lo cual es verdadero y legítimo sólo hasta cierto punto. Quien asume un protagonismo social, ha de hacerlo desde la verdad personal, comprometiéndose por convicción y no sólo por convención o interés coyuntural.

 

Para superar el peligroso desencanto de nuestros conciudadanos respecto a la política y a los políticos es necesario el liderazgo moral de quienes han sabido integrar, en duradera identificación, lo que son y lo que representan, lo que proponen, lo que piensan y lo que dicen y hacen. Son éstas las personas que cuentan con verdadera autoridad, estén o no en el ejercicio del poder. Carecen, por el contrario, de autoridad, aunque no siempre de poder, quienes nos encubren qué son en verdad y quienes cuentan con nosotros sólo como votantes y no como personas.

 

63. En España, se ha creado, en los últimos años, un marco jurídico para el ejercicio de la ciudadanía en libertad, igualdad y solidaridad. La convivencia de todos los españoles ha sido, en principio, un logro. Junto a esto, es necesario, además, que la sociedad española cuente claramente con instancias intermedias que articulen de forma diversificada y flexible la relación entre ciudadanos y el poder, el hombre de la calle y el Estado. Los partidos políticos son imprescindibles, pero no agotan por si solos la pluralidad de relaciones que constituyen la urdimbre social. En una sociedad madura, la respuesta a las propuestas políticas no se da sólo mediante el voto en las elecciones, sino a través de los estados de opinión, de organización de instituciones, de tomas de postura ante hechos especialmente decisivos, de creación de lo que hemos llamado antes liderazgos morales. Para ello el Estado debe mantener espacios abiertos a la opinión pública, sin monopolizar, por métodos indirectos o directos, los medios de comunicación controlados por la Administración, fomentar la creación de instituciones intermedias, escuchar a las ya existentes y apoyarlas en su consolidación y desarrollo.

 

64. El Estado o los poderes públicos, además, no pueden tratar de imponer, en el conjunto de la sociedad, determinados modelos de conducta que implican una forma definida de entender al hombre y su destino. No pertenece ni al Estado ni tampoco a los partidos políticos, tratar de implantar en la sociedad una determinada concepción del hombre y de la moral por medios que supongan, de hecho, una presión indebida sobre los ciudadanos contraria a sus convicciones morales y religiosas (Cf. GS, n. 59; OA, n. 25, LC, n. 93). Todo “dirigismo cultural” vulnera el bien común de la sociedad y socava las bases de un Estado de derecho.

 

No puede haber, por otra parte, una sociedad libre, común y abierta hacia el futuro, sin un patrimonio cultural y ético, compartido y respetado, a no ser que prefiera que la irracionalidad o la arbitrariedad acaben pronto con la dignidad y prosperidad del pueblo al que los poderes públicos deben servir.

 

El patrimonio moral común lo reciben las sociedades de su propia historia y se enriquece sin cesar gracias a las aportaciones de sus hombres e instituciones (Cf. CVP, n. 37). Ahora bien si el patrimonio ético de la sociedad española tiene raíces cristianas, el Estado o el Gobierno aunque sea no confesional, no pueden ignorarlas ni tratar de cambiarlas o intentar su sustitución. La alternativa para ser demócratas no puede ser el vacío moral o la pura arbitrariedad de los que, en un determinado momento, tienen el poder.

 

65. En estos momentos de la sociedad española, es importante recordar aquí aquel principio, proclamando por primera vez por Cristo, de la distinción entre ”lo que es del César” y lo “que es de Dios”. Como comenta el Papa Juan Pablo ll, glosando estas palabras en su visita al Parlamento Europeo, “después de Cristo ya no es posible idolatrar la sociedad como un ser colectivo que devora la persona humana y su destino irreductible. La sociedad, el Estado, el poder político, pertenecen a un orden que es cambiante y siempre susceptible de perfección en este mundo. Las estructuras que las sociedades establecen para si mismas no tienen nunca un valor definitivo. En concreto, no pueden asumir el puesto de la conciencia del hombre ni su búsqueda de la verdad y el absoluto. Los antiguos griegos habían descubierto ya que no hay democracia sin la sujeción de todos a una Ley, y que no hay ley que no esté fundada en la norma trascendente de lo verdadero y lo bueno. Afirmar que la conducción de lo “que es de Dios” pertenece a la comunidad religiosa, y no al Estado, significa establecer un saludable limite al poder de los hombres. Y este límite es el terreno de la conciencia, de las “últimas cosas”, del definitivo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de la tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula el esfuerzo e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes de pensamiento de nuestro viejo continente deberían considerar a qué negras perspectivas podría conducir la exclusión de Dios de la vida pública, de Dios como último juez de la ética y supremo garante contra los abusos de poder ejercido por el hombre sobre el hombre” (Juan Pablo ll, “Discurso durante su visita al Parlamento Europeo”, Estrasburgo, octubre 1988, n. 9).

 

La familia, primera estructura fundamental de la «ecología humana» (Centesimus annus)

     Juan Pablo II proclama el 1991 como el año de la Doctrina Social de la Iglesia conmemorando, así, el centenario de la primera gran encíclica social contemporánea publicada por el papa León XIII: Rerum novarum. En esta coyuntura, Juan Pablo II escribe la encíclica Centesimus annus, firmada el día 1 de mayo de 1991 en la festividad de San José Obrero.

     Este documento está escrito a la luz de una serie de acontecimientos recientes: la caída del socialismo real en los países del centro y del este de Europa, y el auge del sistema capitalista. 

     El Papa nos invita a releer la encíclica Rerum novarum y a captar los principios fundamentales que tienen vigencia aún hoy, de tal forma que el hombre pueda seguir caminando este tercer milenio guiado por Cristo: “También en el tercer milenio la Iglesia será fiel en asumir el camino del hombre, consciente de que no peregrina sola, sino con Cristo, su Señor. Es él quien ha asumido el camino del hombre, y lo guía, incluso cuando éste no se da cuenta” (n. 62).

     Juan Pablo II habla en el número 37 de «la cuestión ecológica»: “El hombre, impulsado por el deseo de tener y gozar, más que de ser y crecer, consume de manera excesiva y desordenada los recursos de la tierra y si misma vida […] El hombre, que descubre su capacidad de transformar y, en cierto sentido, de «crear» el mundo con el propio trabajo, olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios […] En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios, y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él”.

     En el número 38 habla de la «ecología humana»: “Además de la destrucción irracional del ambiente natural, hay que recordar aquí la más grave aún del ambiente humano, al que, sin embargo, se está lejos de prestar la necesaria atención. Mientras nos preocupamos justamente, aunque mucho menos de lo necesario, de preservar los hábitat naturales de las diversas especies animales amenazadas de extinción, porque nos damos cuenta de que cada una de ellas aporta su propia contribución al equilibrio general de la tierra, nos esforzamos poco por salvaguardar las condiciones morales de una auténtica «ecología humana»”.

     Y he aquí que el Papa coloca a la familia como la primera estructura fundamental de la «ecología humana».

39. La primera estructura fundamental a favor de la «ecología humana» es la familia, en cuyo seno el hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad y el bien; aprende qué quiere decir amar y ser amado, y por consiguiente qué quiere decir en concreto ser una persona. Se entiende aquí la familia fundada en el matrimonio, en el que el don recíproco de sí por parte del hombre y de la mujer crea un ambiente de vida en el cual el niño puede nacer y desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible. En cambio, sucede con frecuencia que el hombre se siente desanimado a realizar las condiciones auténticas de la reproducción humana y se ve inducido a considerar la propia vida y a sí mismo como un conjunto de sensaciones que hay que experimentar más bien que como una obra a realizar. De aquí nace una falta de libertad que le hace renunciar al compromiso de vincularse de manera estable con otra persona y engendrar hijos, o bien le mueve a considerar a éstos como una de tantas «cosas» que es posible tener o no tener, según los propios gustos, y que se presentan como otras opciones.

Hay que volver a considerar la familia como el santuario de la vida. En efecto, es sagrada: es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida.

El ingenio del hombre parece orientarse, en este campo, a limitar, suprimir o anular las fuentes de la vida, recurriendo incluso al aborto, tan extendido por desgracia en el mundo, más que a defender y abrir las posibilidades a la vida misma. En la encíclica Sollicitudo rei socialis han sido denunciadas las campañas sistemáticas contra la natalidad, que, sobre la base de una concepción deformada del problema demográfico y en un clima de «absoluta falta de respeto por la libertad de decisión de las personas interesadas», las someten frecuentemente a «intolerables presiones… para plegarlas a esta forma nueva de opresión». Se trata de políticas que con técnicas nuevas extienden su radio de acción hasta llegar, como en una «guerra química», a envenenar la vida de millones de seres humanos indefensos.

Estas críticas van dirigidas no tanto contra un sistema económico, cuanto contra un sistema ético-cultural. En efecto, la economía es sólo un aspecto y una dimensión de la compleja actividad humana. Si es absolutizada, si la producción y el consumo de las mercancías ocupan el centro de la vida social y se convierten en el único valor de la sociedad, no subordinado a ningún otro, la causa hay que buscarla no sólo y no tanto en el sistema económico mismo, cuanto en el hecho de que todo el sistema sociocultural, al ignorar la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado, limitándose únicamente a la producción de bienes y servicios.

Todo esto se puede resumir afirmando una vez más que la libertad económica es solamente un elemento de la libertad humana. Cuando aquella se vuelve autónoma, es decir, cuando el hombre es considerado más como un productor o un consumidor de bienes que como un sujeto que produce y consume para vivir, entonces pierde su necesaria relación con la persona humana y termina por alienarla y oprimirla.

 

 

La economía al servicio del hombre, no al revés (Gaudium et spes)

     Este documento del Concilio Vaticano II fue novedoso en muchos aspectos, pero especialmente en que fue el primero dirigido a todos los hombres y mujeres de la tierra. La esencia de Gaudium et spes es la reflexión que la Iglesia hace sobre sí misma como inserta en este mundo actual y en constante y mutua relación. La constitución (documento con mayor rango de los elaborados por un concilio) Gaudium et spes fue solemnemente aprobada el 7 de diciembre de 1965, un día antes de la clausura del Concilio.

     El capítulo III de dicha constitución trata sobre la vida económico-social. Asume en sus líneas todo el bagaje doctrinal aportado por la Tradición de la Iglesia, especialmente desde el papa León XIII y su encíclica Rerum novarum (15 de mayo de 1891) sobre la situación de los obreros. La clave para entender este capítulo es que la vida socio-económica está al servicio del hombre, y no al revés: «el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social» (GS 63). Por tanto, lo que se aparte de esta premisa esencial debe ser observado y corregido para que jamás el hombre viva angustiado por el peso de un sistema económico que le asfixia, sino que pueda desplegar todas sus potencialidades a lo largo de su vida y vivir íntegramente.  En este sentido, la Gaudium et spes quiere clarificar dos conceptos: el progreso económico al servicio del hombre; y progreso económico, bajo el control del hombre.

También en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad. Porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico- social.

La economía moderna, como los restantes sectores de la vida social, se caracteriza por una creciente dominación del hombre sobre la naturaleza, por la multiplicación e intensificación de las relaciones sociales y por la interdependencia entre ciudadanos, asociaciones y pueblos, así como también por la cada vez más frecuente intervención del poder público. Por otra parte, el progreso en las técnicas de la producción y en la organización del comercio y de los servicios han convertido a la economía en instrumento capaz de satisfacer mejor las nuevas necesidades acrecentada de la familia humana.

Sin embargo, no faltan motivos de inquietud. Muchos hombres, sobre todo en regiones económicamente desarrolladas, parecen garza por la economía, de tal manera que casi toda su vida personal y social está como teñida de cierto espíritu economista tanto en las naciones de economía colectivizada como en las otras. En un momento en que el desarrollo de la vida económica, con tal que se le dirija y ordene de manera racional y humana, podría mitigar las desigualdades sociales, con demasiada frecuencia trae consigo un endurecimiento de ellas y a veces hasta un retroceso en las condiciones de vida de los más débiles y un desprecio de los pobres. Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun en los países menos desarrollados, viven en la opulencia y malgastan sin consideración. El lujo pulula junto a la miseria. Y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana.

Tales desequilibrios económicos y sociales se producen tanto entre los sectores de la agricultura, la industria y los servicios, por un parte, como entre las diversas regiones dentro de un mismo país. Cada día se agudiza más la oposición entre las naciones económicamente desarrolladas y las restantes, lo cual puede poner en peligro la misma paz mundial.

Los hombres de nuestro tiempo son cada día más sensibles a estas disparidades, porque están plenamente convencidos de que la amplitud de las posibilidades técnicas y económicas que tiene en sus manos el mundo moderno puede y debe corregir este lamentable estado de cosas. Por ello son necesarias muchas reformas en la vida económico-social y un cambio de mentalidad y de costumbres en todos. A este fin, la Iglesia, en el transcurso de los siglos, a la luz del Evangelio, ha concretado los principios de justicia y equidad, exigidos por la recta razón, tanto en orden a la vida individual y social como en orden a la vida internacional, y los ha manifestado especialmente en estos últimos tiempos. El Concilio quiere robustecer estos principios de acuerdo con las circunstancias actuales y dar algunas orientaciones, referentes sobre todo a las exigencias del desarrollo económico (GS 63).

Hoy más que nunca, para hacer frente al aumento de población y responder a las aspiraciones más amplias del género humano, se tiende con razón a un aumento en la producción agrícola e industrial y en la prestación de los servicios. Por ello hay que favorecer el progreso técnico, el espíritu de innovación, el afán por crear y ampliar nuevas empresas, la adaptación de los métodos productivos, el esfuerzo sostenido de cuantos participan en la producción; en una palabra, todo cuanto puede contribuir a dicho progreso. La finalidad fundamental de esta producción no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre, del hombre integral, teniendo en cuanta sus necesidades materiales y sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo hombre, decimos, de todo grupo de hombres, sin distinción de raza o continente. De esta forma, la actividad económica debe ejercerse siguiendo sus métodos y leyes propias, dentro del ámbito del orden moral, para que se cumplan así los designios de Dios sobre el hombre (GS 64).

El desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre. No debe quedar en manos de unos pocos o de grupos económicamente poderosos en exceso, ni tampoco en manos de una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas. Es preciso, por el contrario, que en todo nivel, el mayor número posible de hombres, y en el plano internacional el conjunto de las naciones, puedan tomar parte activa en la dirección del desarrollo. Asimismo es necesario que las iniciativas espontáneas de los individuos y de sus asociaciones libres colaboren con los esfuerzos de las autoridades públicas y se coordinen con éstos de forma eficaz y coherente.

No se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso casi mecánico de la acción económica de los individuos ni a la sola decisión de la autoridad pública. Por este motivo hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa libertad como las que sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos en aras de la organización colectiva de la producción.

Recuerden, por otra parte, todos los ciudadanos el deber y el derecho que tienen, y que el poder civil ha de reconocer, de contribuir, según sus posibilidades, al progreso de la propia comunidad. En los países menos desarrollados, donde se impone el empleo urgente de todos los recursos, ponen en grave peligro el bien común los que retienen sus riquezas improductivamente o los que -salvado el derecho personal de emigración- privan a su comunidad de los medios materiales y espirituales que ésta necesita (GS 65).