Siendo aún cardenal y a las puertas del papado, Joseph Ratzinger escribió tres textos que fueron publicados inmediatamente después de su elección como nuevo Papa tras el fallecimiento de Juan Pablo II. El cristianismo en la crisis de Europa puede considerarse la primera obra de Benedicto XVI, ya que supervisó su publicación siendo ya Papa.

     El texto que se cita a continuación es la segunda parte del capítulo titulado El derecho a la vida y Europa. La reflexión pivota sobre la licitud de los derechos de algunos aún sabiendo que se viola el derecho fundamental de otros: el derecho a la vida.

En las sociedades pluralistas de hoy, en las que coexisten diversas orientaciones religiosas, culturales e ideológicas, resulta cada vez más difícil garantizar una base común de valores éticos en los que todos estén de acuerdo y que puedan ser el fundamento de una democracia suficientemente estable. Por otro lado, está muy difundida la convicción de que no se puede prescindir de un mínimo de valores morales reconocidos y aceptados en la vida social. Pero cuando se trata de determinar esos valores por el procedimiento del consenso que deben obtener a nivel social, su consistencia se reduce de manera constante. Al parecer, sólo hay un valor indiscutible y aceptado, hasta el punto de que se ha convertido en filtro de selección para los demás: el derecho de la libertad individual a expresarse sin imposiciones, por lo menos en cuanto no resulte lesiva para el derecho del otro.

Desde esa concepción, se invoca también el derecho al aborto como elemento constitutivo del derecho de la mujer, del hombre y de la sociedad a obrar con plena libertad. La mujer tiene derecho a continuar en el ejercicio de su profesión, a salvaguardar su reputación, a mantener un cierto régimen de vida. El hombre tiene derecho a decidir sobre su calidad de vida, a hacer carrera, a disfrutar de su trabajo. La sociedad tiene derecho a controlar el nivel de población para garantizar a los ciudadanos las más altas cotas de bienestar social mediante una gestión equilibrada de los recursos, de las fuerzas productivas y de los demás factores que colaboran a la convivencia. Todos estos derechos son reales y están suficientemente bien fundados. Nadie podrá negar que, en ocasiones, la situación concreta de la vida en la que madura la elección del aborto puede ser verdaderamente dramática. Pero el hecho es que se reivindica el ejercicio de esos derechos auténticos en detrimento de la vida de un ser humano inocente, cuyos derechos, por el contrario, ni siquiera se toman en consideración. De ese modo, uno se obceca frente al derecho a la vida que tiene el otro, el más pequeño y más débil, el que no tiene voz. Se reafirman los derechos de algunos con perjuicio del derecho fundamental, el derecho a la vida, que tiene otro ser humano. Por consiguiente, cualquier legalización del aborto va contra la idea esencial que es la fuerza en la que se funda todo derecho.

En consecuencia, sin que la mayoría sea consciente, pero en realidad, se van minando las bases de una auténtica democracia que se funda en el ordenamiento de la justicia. Las Constituciones de los países occidentales, fruto de un complicado proceso de maduración cultural y de luchas seculares, se basan en la idea de un orden justo y en la convicción de una igualdad fundamental de todos en el humanismo común. Al mismo tiempo, dichas Constituciones expresan la conciencia de una profunda iniquidad, que radica en el hecho de que hacen prevalecer los intereses reales, si bien secundarios, de algunos sobre los derechos fundamentales de otros. La Declaración fundamental de los derechos del hombre, firmada por casi todos los países del mundo en el año 1948, después de la terrible prueba de la Segunda Guerra Mundial, expresa incluso n el título, la convicción de que los derechos humanos –entre los que el más fundamental es precisamente el derecho a la vida– pertenecen al hombre por naturaleza, que el Estado los reconoce, pero no los confiere, que pertenecen a todos los hombres en cuanto seres humanos y no por características secundarias que otros tendrían derecho a determinar a su libre arbitrio. Así se entiende cómo un Estado que se arrogue la prerrogativa de establecer quién es, o no, sujeto de derechos y que, en consecuencia, reconozca a algunos el poder de violar el derecho fundamental a la vida de otros, contradice el ideal democrático al que continuamente se acoge y, a la vez, mina las bases sobre las que descansa. En realidad, al aceptar que se violen los derechos del más débil, acepta igualmente que el derecho de la fuerza llegue a prevalecer sobre la fuerza del derecho.

Joseph Ratzinger, El cristianismo en la crisis de Europa, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2005, pp. 57-60