En el documento de la CEE La verdad os hará libres (1990), los obispos españoles se dirigen a los poderes públicos, en primer lugar, alabando y estimando su labor al servicio del hombre. Pero les recuerda, además, que la vida política tiene una serie de exigencias morales que, si no se tienen en cuenta, podría declinar en un poder destructivo.

     Aunque desde su publicación han pasado ya 19 años, no ha perdido vigencia. Y es que, cuando el discernimiento de la realidad se hace a la luz del Evangelio siempre es actual, siempre es nuevo, siempre tiene algo que decirnos.

60. Nos dirigimos aquí también a quienes ejercen el poder político. Los cristianos hemos de ser los primeros en mostrar nuestro reconocimiento leal hacia los políticos. Sin ninguna reserva, “la Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la ”res” pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades” (GS, n. 75).

 

Carece de fundamento evangélico una actitud de permanente recelo, de crítica irresponsable y sistemática en este ámbito. Consideramos, asimismo, con mucha preocupación el hecho de que, pese a la importante presencia de los católicos en el cuerpo social, éstos no tienen el correspondiente peso en el orden político. La fe tiene repercusiones políticas y demanda, por tanto, la presencia y la participación política de los creyentes. La no beligerancia de la Iglesia consistente en no identificarse con ningún partido como exponente cabal del Evangelio, no debe confundirse con la indiferencia. En un documento anterior -“Los católicos en la vida pública”- los obispos hemos expuesto las distintas formas de participación de los cristianos; a él nos remitimos.

 

61. Junto a este reconocimiento franco hemos de recordar algo, por lo demás obvio: la vida política tiene también sus exigencias morales. Sin una conciencia y sin una voluntad éticas, la actividad política degenera, tarde o temprano, en un poder destructor. Las exigencias éticas se extienden tanto a la gestión pública en sí misma como a las personas que la dirigen o ejercen. El espíritu de auténtico servicio y la prosecución decidida del bien común, como bien de todos y de todo el hombre, inseparable del reconocimiento efectivo de la persona humana, es lo único capaz de hacer “limpia” la actividad de los hombres políticos, como justamente, además, el pueblo exige. Esto lleva consigo la lucha abierta contra los abusos y corrupciones que puedan darse en la administración del poder y de la cosa pública y exige la decidida superación de algunas tentaciones, de las que no está exento el ejercicio del poder político, como señalamos, con algunos ejemplos, en la primera parte de este escrito.

 

62. La ejemplaridad de los políticos es fundamental y totalmente exigible para que el conjunto del cuerpo social se regenere. Por esto una operación de saneamiento, de transparencia, es imprescindible para la recomposición del tejido moral de nuestra sociedad.

 

No se puede, por lo demás, separar la moral pública y la moral privada. Hoy se proclama con rara unanimidad que el hombre público tiene derecho a su vida privada, sancionándose de este modo una dicotomía que secciona al mismo individuo en dos compartimentos estancos. Todo lo cual es verdadero y legítimo sólo hasta cierto punto. Quien asume un protagonismo social, ha de hacerlo desde la verdad personal, comprometiéndose por convicción y no sólo por convención o interés coyuntural.

 

Para superar el peligroso desencanto de nuestros conciudadanos respecto a la política y a los políticos es necesario el liderazgo moral de quienes han sabido integrar, en duradera identificación, lo que son y lo que representan, lo que proponen, lo que piensan y lo que dicen y hacen. Son éstas las personas que cuentan con verdadera autoridad, estén o no en el ejercicio del poder. Carecen, por el contrario, de autoridad, aunque no siempre de poder, quienes nos encubren qué son en verdad y quienes cuentan con nosotros sólo como votantes y no como personas.

 

63. En España, se ha creado, en los últimos años, un marco jurídico para el ejercicio de la ciudadanía en libertad, igualdad y solidaridad. La convivencia de todos los españoles ha sido, en principio, un logro. Junto a esto, es necesario, además, que la sociedad española cuente claramente con instancias intermedias que articulen de forma diversificada y flexible la relación entre ciudadanos y el poder, el hombre de la calle y el Estado. Los partidos políticos son imprescindibles, pero no agotan por si solos la pluralidad de relaciones que constituyen la urdimbre social. En una sociedad madura, la respuesta a las propuestas políticas no se da sólo mediante el voto en las elecciones, sino a través de los estados de opinión, de organización de instituciones, de tomas de postura ante hechos especialmente decisivos, de creación de lo que hemos llamado antes liderazgos morales. Para ello el Estado debe mantener espacios abiertos a la opinión pública, sin monopolizar, por métodos indirectos o directos, los medios de comunicación controlados por la Administración, fomentar la creación de instituciones intermedias, escuchar a las ya existentes y apoyarlas en su consolidación y desarrollo.

 

64. El Estado o los poderes públicos, además, no pueden tratar de imponer, en el conjunto de la sociedad, determinados modelos de conducta que implican una forma definida de entender al hombre y su destino. No pertenece ni al Estado ni tampoco a los partidos políticos, tratar de implantar en la sociedad una determinada concepción del hombre y de la moral por medios que supongan, de hecho, una presión indebida sobre los ciudadanos contraria a sus convicciones morales y religiosas (Cf. GS, n. 59; OA, n. 25, LC, n. 93). Todo “dirigismo cultural” vulnera el bien común de la sociedad y socava las bases de un Estado de derecho.

 

No puede haber, por otra parte, una sociedad libre, común y abierta hacia el futuro, sin un patrimonio cultural y ético, compartido y respetado, a no ser que prefiera que la irracionalidad o la arbitrariedad acaben pronto con la dignidad y prosperidad del pueblo al que los poderes públicos deben servir.

 

El patrimonio moral común lo reciben las sociedades de su propia historia y se enriquece sin cesar gracias a las aportaciones de sus hombres e instituciones (Cf. CVP, n. 37). Ahora bien si el patrimonio ético de la sociedad española tiene raíces cristianas, el Estado o el Gobierno aunque sea no confesional, no pueden ignorarlas ni tratar de cambiarlas o intentar su sustitución. La alternativa para ser demócratas no puede ser el vacío moral o la pura arbitrariedad de los que, en un determinado momento, tienen el poder.

 

65. En estos momentos de la sociedad española, es importante recordar aquí aquel principio, proclamando por primera vez por Cristo, de la distinción entre ”lo que es del César” y lo “que es de Dios”. Como comenta el Papa Juan Pablo ll, glosando estas palabras en su visita al Parlamento Europeo, “después de Cristo ya no es posible idolatrar la sociedad como un ser colectivo que devora la persona humana y su destino irreductible. La sociedad, el Estado, el poder político, pertenecen a un orden que es cambiante y siempre susceptible de perfección en este mundo. Las estructuras que las sociedades establecen para si mismas no tienen nunca un valor definitivo. En concreto, no pueden asumir el puesto de la conciencia del hombre ni su búsqueda de la verdad y el absoluto. Los antiguos griegos habían descubierto ya que no hay democracia sin la sujeción de todos a una Ley, y que no hay ley que no esté fundada en la norma trascendente de lo verdadero y lo bueno. Afirmar que la conducción de lo “que es de Dios” pertenece a la comunidad religiosa, y no al Estado, significa establecer un saludable limite al poder de los hombres. Y este límite es el terreno de la conciencia, de las “últimas cosas”, del definitivo significado de la existencia, de la apertura al absoluto, de la tensión que lleva a la perfección nunca alcanzada, que estimula el esfuerzo e inspira las elecciones justas. Todas las corrientes de pensamiento de nuestro viejo continente deberían considerar a qué negras perspectivas podría conducir la exclusión de Dios de la vida pública, de Dios como último juez de la ética y supremo garante contra los abusos de poder ejercido por el hombre sobre el hombre” (Juan Pablo ll, “Discurso durante su visita al Parlamento Europeo”, Estrasburgo, octubre 1988, n. 9).