Mons. Antonio Dorado Soto, obispo emérito de la diócesis de Málaga, tenía costumbre de escribir una carta (La voz del Obispo) a todos los católicos diocesanos que salía publicada semanalmente en la revista DIÓCESIS. En el año 2005, con motivo del Proyecto de Ley de Educación aprobado por el Consejo de Ministros, el Sr. Obispo quiso transmitir su preocupación por este nuevo envite por parte del Estado al derecho de los padres como educadores de sus hijos.

El texto completo en la página 3  del número 419 de la revista DIÓCESIS.

El Proyecto de Ley de Educación, aprobado como tal en Consejo de Ministros el pasado mes de julio, constituye un desafío formidable al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, a la libertad de elección de centro y a la posibilidad de impartir la Religión en la escuela. Está en juego no sólo la calidad de la enseñanza, la autoridad de los docentes y la formación integral de los alumnos, sino la libertad de los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que consideren mejor y el derecho de la sociedad a promover propuestas educativas acordes con sus ideas y sus convicciones.

Desde el punto de vista cristiano y religioso en general, está en peligro la posibilidad del derecho constitucional a recibir en la escuela la enseñanza de la Religión que los padres soliciten libremente para sus hijos. Si se lleva a la práctica este proyecto tal como está, el Estado quedaría como el único promotor legítimo de centros de enseñanza y el mentor ideológico exclusivo de lo que los niños deben o no deben conocer. En semejante estado de cosas, es necesario que las familias tomen cartas en este asunto y exijan sus derechos humanos y constitucionales.

Los católicos deben tener en cuenta, como enseña el Vaticano II, que “el afán por informar con espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive, es hasta tal punto un deber y una obligación propia de los seglares que nunca podrá ser realizada convenientemente por otros” (AA 13). Y también, que “la tarea de impartir la educación, que compete en primer lugar a la familia, necesita la ayuda de toda la sociedad” (GE 3).

Recordad que está en peligro el derecho a educar a vuestros hijos que os asiste a los padres y la libertad de elegir el tipo de educación que consideréis más acorde con vuestras convicciones.

El Proyecto de Ley de
Educación, aprobado
como tal en Consejo de
Ministros el pasado mes
de Julio, constituye un
desafío formidable al
derecho de los padres a
educar a sus hijos de
acuerdo con sus convicciones,
a la libertad de
elección de centro y a la posibilidad de
impartir la Religión en la escuela. Está en
juego no sólo la calidad de la enseñanza, la
autoridad de los docentes y la formación
integral de los alumnos, sino la libertad de
los padres a elegir para sus hijos el tipo de
educación que consideren mejory el derecho
de la sociedad a promover propuestas educativas
acordes con sus ideas y sus convicciones.
Desde el punto de vista cristiano y
religioso en general, está en peligro la posibilidad
del derecho constitucional a recibir
en la escuela la enseñanza de la Religión
que los padres soliciten libremente para sus
h i j o s .
Si se lleva a la práctica este proyecto tal
como está, el Estado quedaría como el único
promotor legítimo de centros de enseñanza
y el mentor ideológico exclusivo de lo que los
niños deben o no deben conocer.
En semejante estado de cosas, es necesario
que las familias tomen cartas en este asunto
y exijan sus derechos humanos y constitucionales.
Los católicos deben tener en
cuenta, como enseña el Vaticano II, que “el
afán por informar con espíritu cristiano el
pensamiento y las costumbres, las leyes y
las estructuras de la comunidad en la que
cada uno vive, es hasta tal punto un deber y
una obligación propia de los seglares que
nunca podrá ser realizada convenientemente
por otros” (AA 13). Y también, que “la
tarea de impartir la educación, que compete
en primer lugar a la familia, necesita la
ayuda de toda la sociedad”. (GE 3).
No me gusta ningún tipo de alarma social,
pero el Proyecto de Ley de Educación aprobado
por el Consejo de Ministros, la negativa
del gobierno a dialogar con los padres
católicos que han recogido y presentado tres
millones de firmas y la intransigencia de los
gobernantes ante la propuesta de la
Conferencia Episcopal Española para resolver
estas cuestiones mediante un diálogo en
el que participen los diversos grupos políticos
y sociales me parecen preocupantes en
grado sumo.
Como Obispo, no me corresponde apuntar
las iniciativas concretas que se deben
intentar en este momento tan delicado,
pero tengo el deber moral y el derecho de
llamar la atención de los padres para que
participéis, cada uno según vuestras posibilidades,
en el debate y para que emprendáis
las acciones que consideréis necesarias
y pertinentes, siempre dentro del respeto
a nuestra constitución. To d a v í a
tenéis alguna posibilidad de actuación,
pues falta el trámite parlamentario para
que este proyecto se convierta en Ley.
Recordad que está en peligro el derecho a
educar a vuestros hijos que os asiste a los
padres y la libertad de elegir el tipo de
educación que consideréis más acorde con
vuestras convicciones.
El comunicado de la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española,
que figura en otra página este número de
DIOCESIS, constituye un buen servicio
para estar bien informados.