Libertad religiosa



Creo en la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana… y perseguida. Los cristianos somos herederos de una Gran Historia no exenta del fenómeno de la persecución. Suele coincidir este hecho en ambientes totalitarios y dictatoriales donde el culto a Dios y todo lo que dimana de éste busca ser borrado.

Parece ser que actualmente el cuius regio, eius religio se sigue dando en aquellos estados en los que el representante público de turno, y la ideología que impone, hace de su particular forma de pensar la religión de todos, vulnerando derechos inalienables tan fundamentales como el de libertad religiosa. La imposición del pensamiento único, además de ser ilegal, es una pobreza para el pueblo.

Con la pasividad, la permisividad, la negligencia, la falta de determinación… los poderes públicos se hacen cómplices de los que odian y persiguen a los cristianos, al no buscar el bien común de sus conciudadanos que profesan la fe cristiana y al no protegerlos con el peso del estado de derecho.

El 3 de junio de 2011, la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana emitía un comunicado ante los ataques a imágenes religiosas en diferentes lugares del país. En España están germinando agresiones de este tipo no sólo en imágenes religiosas, sino en las iglesias, profanaciones de sagrarios, agresiones verbales, boicoteos en las manifestaciones públicas como procesiones, manipulación en las informaciones  manejadas por medios de comunicación…

Sin embargo, la historia nos recuerda, una vez más, que los cristianos refuerzan su fe y su testimonio en tiempos de persecución.

1.- Los Obispos que conformamos la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana manifestamos nuestra consternación y firme repudio ante los ataques infringidos a la Imagen de la Divina Pastora y a otras sagradas y veneradas imágenes en diversos lugares de nuestro país.

2.- Estos ataques, vienen a añadirse a otros hechos semejantes, ocurridos en los últimos años, en contra de personas, lugares y símbolos católicos y de otras denominaciones cristianas. Tales acciones vulneran el sentimiento católico de la mayoría del pueblo venezolano, desdicen del espíritu de respeto, tolerancia o afecto hacia lo religioso que es tradicional entre nosotros, atentan contra la convivencia pacífica, inciden negativamente en el clima de la seguridad ciudadana, y ponen en peligro el disfrute del derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia consagrado en nuestra Constitución.

3.- En consecuencia, instamos a los organismos competentes a adelantar con diligencia las investigaciones pertinentes que lleven a esclarecer las causas e identificar y sancionar a los responsables de estos hechos, como muestra de lucha contra la impunidad y testimonio eficaz de vigencia del Estado de derecho. En efecto, es obligación de las autoridades y poderes del Estado proteger y promover el derecho a la libertad religiosa y los otros derechos inviolables del ser humano.

4.- Expresamos a todo el pueblo de Dios y, en particular, al pueblo larense y yaracuyano, nuestra oración y solidaridad ante estos lamentables e inadmisibles hechos vandálicos, y saludamos sus testimonios de fervor y veneración, de identidad religiosa y cultural, como muestras de su espíritu de libertad y reconciliación.

5.- Rechazamos, al mismo tiempo, la utilización reiterada del lenguaje, imágenes u otros símbolos religiosos, con fines comerciales, políticos o ideológicos, ajenos por principio a su naturaleza y finalidad.

6. – Reiteramos el firme compromiso de todos los miembros de la Iglesia católica en trabajar con la fuerza y la gracia de Jesús, Príncipe de la Paz, y con la ayuda de Nuestra Madre Santísima de Coromoto, para que ninguna persona o grupo religioso sea coaccionado o atemorizado ni vea limitadas o impedidas la profesión pública o la enseñanza de su fe.

7. Invitamos a todos los sectores de la sociedad y en particular a sus dirigentes a trabajar juntos para que la violencia y la intolerancia desaparezcan de los espíritus y de los corazones y cedan el paso a la concordia y al diálogo entre todos los ciudadanos, sin importar cuál sea su origen, raza o credo religioso y tomando en cuenta simplemente nuestra común condición de personas llamadas a vivir fraternamente como hijos de un mismo Padre.


El 29 de junio, Solemnidad de los santos Apóstoles Pedro y Pablo, Patronos de Roma, el papa Benedicto XVI impuso el Palio a 38 arzobispos metropolitanos de todo el mundo, encontrándose entre ellos tres españoles: Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla; Mons. Jesús Sanz Montes, O.F.M., arzobispo de Oviedo; Mons. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid.

En la homilía que pronunció en la eucaristía resaltó el Santo Padre que la comunión con la Santa Sede es garantía de libertad para los católicos frente a los poderes públicos. Un buen recordatorio en estos tiempos donde algunos  miembros de la Iglesia Católica viven diluídos en una mundanización notoria y bailando al son de ciertas modas ideológicas que oscurecen la Verdad, donde se extiende la idea de que “soy cristiano, soy católico, creo en Dios… pero no en la Iglesia…, donde se vuelven a vivir acontecimientos de persecución solapada, donde hay una pretensión por excluir a la Iglesia y el mensaje evangélico que ella porta de todos los foros de diálogo…

Nunca mejor dicho con palabras de San Ambrosio: “Ubi Petrus ibi Ecclesia” (donde está Pedro, allí está la Iglesia).

[…] Si pensamos en los dos milenios de historia de la Iglesia, podemos observar que – como lo había predicho el Señor Jesús (cfr Mt 10,16-33) – nunca han faltado las pruebas a los cristianos, que en algunos periodos y lugares han asumido el carácter de verdaderas y auténticas persecuciones. Estas, sin embargo, a pesar de los sufrimientos que provocan, no constituyen el peligro más grave para la Iglesia. El mayor daño, de hecho, lo padece ésta de lo que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades, erosionando la integridad del Cuerpo místico, debilitando su capacidad de profecía y de testimonio, empañando la belleza de su rostro. Esta realidad está atestiguada ya por el epistolario paulino. La Primera Carta a los Corintios, por ejemplo, responde precisamente a algunos problemas de divisiones, de incoherencias, de infidelidades al Evangelio que amenazan seriamente a la Iglesia. Pero también la Segunda Carta a Timoteo – de la que hemos escuchado un pasaje – habla de los peligros de los “últimos tiempos”, identificándolos con actitudes negativas que pertenecen al mundo y que pueden contagiar a la comunidad cristiana: egoísmo, vanidad, orgullo, apego al dinero, etc. (cfr 3,1-5). La conclusión del Apóstol es determinante: los hombres que operan el mal – escribe – “no irán lejos, porque su insensatez se pondrá de manifiesto como la de aquellos” (3,9). Hay por tanto una garantía de libertad asegurada por Dios a la Iglesia, libertad tanto de los lazos materiales que buscan impedir o coartar su misión, como de los males espirituales y morales, que pueden erosionar la autenticidad y la credibilidad.

El tema de la libertad de la Iglesia, garantizada por Cristo a Pedro, tiene también una relación especifica con el rito de imposición del Palio, que hoy renovamos para treinta y ocho arzobispos metropolitanos, a los cuales dirijo mi más cordial saludo, extendiéndolo con afecto a cuantos han querido acompañarles en esta peregrinación. La comunión con Pedro y sus sucesores, de hecho, es garantía de libertad para los pastores de la Iglesia y para las propias comunidades confiadas a ellos. Lo es en los dos planos puestos en claro en las reflexiones precedentes. En el plano histórico, la unión con la Sede Apostólica asegura a las Iglesias particulares y a las Conferencias Episcopales la libertad respecto a poderes locales, nacionales o supranacionales, que pueden en ciertos casos obstaculizar la misión de la Iglesia. Además, y más esencialmente, el ministerio petrino es garantía de libertad en el sentido de la plena adhesión a la verdad, a la auténtica tradición, para que el Pueblo de Dios sea preservado de errores referidos a la fe y a la moral. El hecho por tanto de que, cada año, los nuevos metropolitanos vengan a Roma a recibir el Palio de manos del Papa va incluido en su significado propio, como gesto de comunión, y el tema de la libertad de la Iglesia nos ofrece una clave de lectura suya particularmente importante. Esto parece evidente en el caso de Iglesias marcadas por persecuciones, o también sometidas a injerencias políticas o a otras duras pruebas. Pero esto no es menos relevante en el caso de comunidades que sufren la influencia de doctrinas engañosas, o de tendencias ideológicas y prácticas contrarias al Evangelio. El Palio por tanto se convierte, al mismo tiempo, en prenda de libertad, de forma análoga al “yugo” de Jesús, que Él invita a tomar, cada uno sobre sus hombros (cfr Mt 11,29-30). Como el mandamiento de Cristo – aún exigente – es “dulce y ligero” y, en lugar de pesar sobre quien lo lleva, lo levanta, así el vínculo con la Sede Apostólica – aún comprometido – sostiene al Pastor y a la porción de Iglesia confiada a sus cuidados, haciéndoles más libres y más fuertes.

Quisiera sacar una última indicación de la Palabra de Dios, en particular de la promesa de Cristo de que las potencias del infierno no prevalecerán sobre su Iglesia. Estas palabras pueden tener también un significativo valor ecuménico, desde el momento en que, como señalaba hace poco, uno de los efectos típicos de la acción del Maligno es precisamente la división dentro de la Comunidad eclesial. Las divisiones, de hecho, son síntomas de la fuerza del pecado, que sigue actuando en los miembros de la Iglesia también después de la redención. Pero la palabra de Cristo es clara: “Non praevalebunt – no prevalecerán” (Mt 16,18). La unidad de la Iglesia está arraigada en su unión con Cristo, y su causa de la plena unidad de los cristianos – que siempre hay que buscar y renovar, de generación en generación – está también sostenida por su oración y por su promesa. En la lucha contra el espíritu del mal, Dios nos entregó en Jesús al “Abogado” defensor, y, después de su Pascua, “otro Paráclito” (cfr Jn 14,16), el Espíritu Santo, que permanece con nosotros para siempre y que conduce a la Iglesia hacia la plenitud de la verdad (cfr Jn 14,16; 16,13), que es también la plenitud de la caridad y de la unidad.


Mons. Antonio Dorado Soto, obispo emérito de la diócesis de Málaga, tenía costumbre de escribir una carta (La voz del Obispo) a todos los católicos diocesanos que salía publicada semanalmente en la revista DIÓCESIS. En el año 2005, con motivo del Proyecto de Ley de Educación aprobado por el Consejo de Ministros, el Sr. Obispo quiso transmitir su preocupación por este nuevo envite por parte del Estado al derecho de los padres como educadores de sus hijos.

El texto completo en la página 3  del número 419 de la revista DIÓCESIS.

El Proyecto de Ley de Educación, aprobado como tal en Consejo de Ministros el pasado mes de julio, constituye un desafío formidable al derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, a la libertad de elección de centro y a la posibilidad de impartir la Religión en la escuela. Está en juego no sólo la calidad de la enseñanza, la autoridad de los docentes y la formación integral de los alumnos, sino la libertad de los padres a elegir para sus hijos el tipo de educación que consideren mejor y el derecho de la sociedad a promover propuestas educativas acordes con sus ideas y sus convicciones.

Desde el punto de vista cristiano y religioso en general, está en peligro la posibilidad del derecho constitucional a recibir en la escuela la enseñanza de la Religión que los padres soliciten libremente para sus hijos. Si se lleva a la práctica este proyecto tal como está, el Estado quedaría como el único promotor legítimo de centros de enseñanza y el mentor ideológico exclusivo de lo que los niños deben o no deben conocer. En semejante estado de cosas, es necesario que las familias tomen cartas en este asunto y exijan sus derechos humanos y constitucionales.

Los católicos deben tener en cuenta, como enseña el Vaticano II, que “el afán por informar con espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive, es hasta tal punto un deber y una obligación propia de los seglares que nunca podrá ser realizada convenientemente por otros” (AA 13). Y también, que “la tarea de impartir la educación, que compete en primer lugar a la familia, necesita la ayuda de toda la sociedad” (GE 3).

Recordad que está en peligro el derecho a educar a vuestros hijos que os asiste a los padres y la libertad de elegir el tipo de educación que consideréis más acorde con vuestras convicciones.

El Proyecto de Ley de
Educación, aprobado
como tal en Consejo de
Ministros el pasado mes
de Julio, constituye un
desafío formidable al
derecho de los padres a
educar a sus hijos de
acuerdo con sus convicciones,
a la libertad de
elección de centro y a la posibilidad de
impartir la Religión en la escuela. Está en
juego no sólo la calidad de la enseñanza, la
autoridad de los docentes y la formación
integral de los alumnos, sino la libertad de
los padres a elegir para sus hijos el tipo de
educación que consideren mejory el derecho
de la sociedad a promover propuestas educativas
acordes con sus ideas y sus convicciones.
Desde el punto de vista cristiano y
religioso en general, está en peligro la posibilidad
del derecho constitucional a recibir
en la escuela la enseñanza de la Religión
que los padres soliciten libremente para sus
h i j o s .
Si se lleva a la práctica este proyecto tal
como está, el Estado quedaría como el único
promotor legítimo de centros de enseñanza
y el mentor ideológico exclusivo de lo que los
niños deben o no deben conocer.
En semejante estado de cosas, es necesario
que las familias tomen cartas en este asunto
y exijan sus derechos humanos y constitucionales.
Los católicos deben tener en
cuenta, como enseña el Vaticano II, que “el
afán por informar con espíritu cristiano el
pensamiento y las costumbres, las leyes y
las estructuras de la comunidad en la que
cada uno vive, es hasta tal punto un deber y
una obligación propia de los seglares que
nunca podrá ser realizada convenientemente
por otros” (AA 13). Y también, que “la
tarea de impartir la educación, que compete
en primer lugar a la familia, necesita la
ayuda de toda la sociedad”. (GE 3).
No me gusta ningún tipo de alarma social,
pero el Proyecto de Ley de Educación aprobado
por el Consejo de Ministros, la negativa
del gobierno a dialogar con los padres
católicos que han recogido y presentado tres
millones de firmas y la intransigencia de los
gobernantes ante la propuesta de la
Conferencia Episcopal Española para resolver
estas cuestiones mediante un diálogo en
el que participen los diversos grupos políticos
y sociales me parecen preocupantes en
grado sumo.
Como Obispo, no me corresponde apuntar
las iniciativas concretas que se deben
intentar en este momento tan delicado,
pero tengo el deber moral y el derecho de
llamar la atención de los padres para que
participéis, cada uno según vuestras posibilidades,
en el debate y para que emprendáis
las acciones que consideréis necesarias
y pertinentes, siempre dentro del respeto
a nuestra constitución. To d a v í a
tenéis alguna posibilidad de actuación,
pues falta el trámite parlamentario para
que este proyecto se convierta en Ley.
Recordad que está en peligro el derecho a
educar a vuestros hijos que os asiste a los
padres y la libertad de elegir el tipo de
educación que consideréis más acorde con
vuestras convicciones.
El comunicado de la Comisión Permanente
de la Conferencia Episcopal Española,
que figura en otra página este número de
DIOCESIS, constituye un buen servicio
para estar bien informados.

El pasado miércoles 23 de junio la CCXVI Comisión Permanente de  la Conferencia Episcopal Española daba a conocer una declaración sobre la exposición de los símbolos cristianos. No es la única voz, sino que está en sintonía con otras Conferencias e instituciones de toda Europa a la espera de la resolución de la Corte europea sobre el crucifijo.

Algunas ideas importantes de esta declaración:

Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido afirmar la autonomía de los campos espiritual y temporal y abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto los derechos de los creyentes como de los no creyentes.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en los ámbitos públicos, en particular la presencia de la cruz, refleja el sentimiento religioso de los cristianos de todas las confesiones y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es expresión de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un gran papel catalizador en el diálogo entre personas de buena voluntad y como sostén para los que sufren y los necesitados, sin distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz representa la salvación y la libertad de la humanidad. De la cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendrados, así como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer nada a nadie.

Las sociedades de tradición cristiana no deberían oponerse a la exposición pública de sus símbolos religiosos, en particular, en los lugares en los que se educa a los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmente podrán llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia identidad y sus valores.

Ponerse en contra de los símbolos de los valores que modelan la historia y la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras ofertas culturales, no siempre  benéficas, y cegar las fuentes básicas de la ética y del derecho que se han mostrado fecundas en el reconocimiento, la promoción y la tutela de la dignidad de la persona.

Sólo en una Europa en la que sean respetadas a la vez la libertad religiosa de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación, podrán desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones y los pueblos, en justicia y en libertad.


Con ocasión del 150 aniversario de las apariciones de la Virgen María en Lourdes, el papa Benedicto XVI realizó en 2008 un viaje a Francia para unirse, como peregrino, a ese gran acontecimiento religioso. A su paso por aquel país tuvo a bien reunirse con las autoridades del estado en el parisino Palacio del Elíseo. Allí dirigió a todos los asistentes, en especial al Presidente de la República Nicolas Sarkozy, unas hermosas palabras que ensalzan las raíces cristianas de Francia y la necesidad de un diálogo sereno y positivo sobre el significado de la “laicidad positiva” propuesta por el presidente francés.

Al final del extracto del mensaje del Santo Padre se encuentran dos enlaces: su discurso completo y también el de Nicolas Sarkozy.

Aprendamos lo bueno de nuestros vecinos galos: hoy tienen mucho que enseñarnos.

Durante su visita a Roma, Señor Presidente, Usted ha recordado que las raíces de Francia, como las de Europa, son cristianas. Basta la historia para demostrarlo: desde sus orígenes, su País ha recibido el mensaje del Evangelio. Aunque a veces carezcamos de documentación, consta fehacientemente la existencia de comunidades cristianas en las Galias desde una fecha muy lejana: ¡cómo no recordar sin emoción que la ciudad de Lión tenía ya obispo a mediados del siglo II y que San Ireneo, autor de Adversus haereses, dio un testimonio elocuente de la robustez del pensamiento cristiano! Ahora bien, san Ireneo vino de Esmirna para predicar la fe en Cristo resucitado. Lión tenía un obispo cuya lengua materna era el griego: ¡qué signo tan hermoso de la naturaleza y destino universales del mensaje cristiano!  Implantada en época antigua en vuestro país, la Iglesia ha jugado un papel civilizador que me es grato resaltar en este lugar. Usted mismo hizo alusión a él en su discurso en el Palacio de Letrán el pasado mes de diciembre y hoy nuevamente. Transmisión de la cultura antigua a través de monjes, profesores y amanuenses, formación del corazón y del espíritu en el amor al pobre, ayuda a los más desamparados mediante la fundación de numerosas congregaciones religiosas, la contribución de los cristianos a la organización de instituciones de las Galias, posteriormente de Francia, es sabido más que de sobra para no tener que recordarlo. Los millares de capillas, iglesias, abadías y catedrales que adornan el corazón de vuestras ciudades o la soledad de vuestras tierras son signo elocuente de cómo vuestros padres en la fe quisieron honrar a Aquel que les había dado la vida y que nos mantiene en la existencia.

Numerosas personas, también aquí en Francia, se han detenido para reflexionar acerca de las relaciones de la Iglesia con el Estado. Ciertamente, en torno a las relaciones entre campo político y campo religioso, Cristo ya ofreció el criterio para encontrar una justa solución a este problema al responder a una pregunta que le hicieron afirmando: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mc 12,17). La Iglesia en Francia goza actualmente de un régimen de libertad. La desconfianza del pasado se ha transformado paulatinamente en un diálogo sereno y positivo, que se consolida cada vez más. Un instrumento nuevo de diálogo existe desde el 2002 y tengo gran confianza en su trabajo porque la buena voluntad es recíproca. Sabemos que quedan todavía pendientes ciertos temas de diálogo que hará falta afrontar y afinar poco a poco con determinación y paciencia. Por otra parte, Usted, Señor Presidente, utilizó la bella expresión “laicidad positiva” para designar esta comprensión más abierta. En este momento histórico en el que las culturas se entrecruzan cada vez más entre ellas, estoy profundamente convencido de que una nueva reflexión sobre el significado auténtico y sobre la importancia de la laicidad es cada vez más necesaria. En efecto, es fundamental, por una parte, insistir en la distinción entre el ámbito político y el religioso para tutelar tanto la libertad religiosa de los ciudadanos, como la responsabilidad del Estado hacia ellos y, por otra parte, adquirir una más clara conciencia de las funciones insustituibles de la religión para la formación de las conciencias y de la contribución que puede aportar, junto a otras instancias, para la creación de un consenso ético de fondo en la sociedad.

Discurso completo del papa Benedicto XVI.

Discurso completo del presidente francés Nicolas Sarkozy.


     Por todos es sabido que el Concilio Vaticano II supuso una bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica: tenía la necesidad de resituarse en un mundo que había cambiado en un corto espacio de tiempo. El papa Juan XXIII utilizaría la palabra italiana aggiornamento para designar lo que en español se traduciría por una puesta al día y renovación de la Iglesia. Desde el anuncio del Concilio (25 de enero de 1959) el Papa tenía en mente la idea de la reunificación cristiana, la re-unión con los hermanos separados, la unión de toda la cristiandad. Por este motivo, el Concilio Ecuménico Vaticano II contó con la asistencia de hermanos de otras confesiones cristianas.

     De todos los documentos conciliares, los que menos peso tienen son las declaraciones (las constituciones son los pilares del Concilio, seguidas por los decretos). El Concilio Vaticano II promulgó tres declaraciones, siendo una de ellas la que trata sobre la libertad religiosa llamada Dignitatis humanae. No es el documento conciliar más importante, tampoco el más largo. Sin embargo, fue el más discutido en el aula conciliar teniendo en cuenta su proporción: el 7 de diciembre de 1965 es votado por los Padres, con 2.038 votos a favor y 70 en contra. Además tuvo una gran acogida en los medios de comunicación de todo el mundo, captó la atención de la comunidad política internacional y del resto de confesiones cristianas y religiones.

     En síntesis, la libertad religiosa es un derecho de la persona, fundado en su misma dignidad. El ejercicio de este derecho exige no sólo la manifestación privada de la fe, sino también la pública. Por tanto, la comunidad política como cooperadora del bien común tiene que reconocer la vida religiosa de sus ciudadanos, procurarla y favorecerla.

     Pero, ¿por qué este derecho que nace de la misma dignidad de la persona produce tanto resquemor en algunos? ¿Por qué hay Estados, políticos y líderes religiosos cerrados a este derecho? Violarlo es ir en contra de la búsqueda del bien común. Por tanto, una irresponsabilidad política y religiosa, un atropello de la dignidad de la persona y un ataque directo a uno de los principales derechos sobre los que se sustenta la vida. ¡No podemos consentir nunca la vulneración del derecho a la libertad religiosa!

2. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil.

Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y enriquecidos por tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella, y su ejercicio, con tal de que se guarde el justo orden público, no puede ser impedido.

3. Todo esto se hace más claro aún a quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al hombre de esta su ley, de manera que el hombre, por suave disposición de la divina Providencia, puede conocer más y más la verdad inmutable. Por lo tanto, cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, se forme, con prudencia, rectos y verdaderos juicios de conciencia.

Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la educación, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales unos exponen a otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad; y una vez conocida ésta, hay que aceptarla firmemente con asentimiento personal.

El hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina; conciencia que tiene obligación de seguir fielmente, en toda su actividad, para llegar a Dios, que es su fin. Por tanto, no se le puede forzar a obrar contra su conciencia. Ni tampoco se le puede impedir que obre según su conciencia, principalmente en materia religiosa. Porque el ejercicio de la religión, por su propia índole, consiste, sobre todo, en los actos internos voluntarios y libres, por los que el hombre se relaciona directamente a Dios: actos de este género no pueden ser mandados ni prohibidos por una potestad meramente humana. Y la misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste externamente los actos internos de religión, que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión de forma comunitaria.

Se hace, pues, injuria a la persona humana y al orden que Dios ha establecido para los hombres, si, quedando a salvo el justo orden público, se niega al hombre el libre ejercicio de la religión en la sociedad.

Además, los actos religiosos con que los hombres, partiendo de su íntima convicción, se relacionan privada y públicamente con Dios, trascienden por su naturaleza el orden terrestre y temporal. Por consiguiente, la autoridad civil, cuyo fin propio es velar por el bien común temporal, debe reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos; pero excede su competencia si pretende dirigir o impedir los actos religiosos.

4. La liberta o inmunidad de coacción en materia religiosa, que compete a las personas individualmente, ha de serles reconocida también cuando actúan en común. Porque la naturaleza social, tanto del hombre como de la religión misma, exige las comunidades religiosas.

A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden público, se les debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias normas, para honrar a la Divinidad con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sustentarlos con la doctrina, y para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos.

A las comunidades religiosas les compete igualmente el derecho de que no se les impida por medios legales o por acción administrativa de la autoridad civil la elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, la comunicación con las autoridades y comunidades religiosas que tienen su sede en otras partes del mundo, ni la erección de edificios religiosos y la adquisición y uso de los bienes convenientes.

Las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fe. Pero en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso del derecho propio y lesión del derecho ajeno.

Forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohíba a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales.

5. Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Así, pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta libertad de elección. Se violan, además, los derechos de los padres, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres, o si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa.

6. Puesto que el bien común de la sociedad, que es el conjunto de las condiciones de la vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección, se asienta sobre todo en la observancia de los derechos y deberes de la persona humana , la protección del derecho a la libertad religiosa concierne a los ciudadanos, a las autoridades civiles, a la Iglesia y demás comunidades religiosas, según la índole peculiar de cada una de ellas, teniendo en cuenta su respectiva obligación para con el bien común.

La protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es un deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos con leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes, y la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad.

Si, consideradas las circunstancias peculiares de los pueblos, se da a una comunidad religiosa un especial reconocimiento civil en la ordenación jurídica de la sociedad, es necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas.

Finalmente, la autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica de los ciudadanos, que pertenece también al bien común de la sociedad, jamás, ni abierta ni ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, y a que no se haga discriminación entre ellos.

De aquí se sigue que la autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos, por la fuerza, o por miedo, o por otros recursos, la profesión o el abandono de cualquier religión, ni impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o la abandona. Y tanto más se obra contra la voluntad de Dios y contra los sagrados derechos de la persona y de la familia humana, cuando la fuerza se aplica bajo cualquier forma, con el fin de eliminar o cohibir la religión, o en todo el género humano, o en alguna región, o en un determinado grupo.

7. El derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana y, por ello, su uso está sujeto a ciertas normas que lo regulan.

En el uso de todas las libertades hay que observar el principio moral de la responsabilidad personal y social: en el ejercicio de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales están obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de todos. Con todos hay que obrar según justicia y humanidad.

Además, puesto que la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse bajo pretexto de libertad religiosa, corresponde principalmente a la autoridad civil prestar esta protección. Sin embargo, esto no debe hacerse de forma arbitraria, o favoreciendo injustamente a una parte, sino según normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo. Normas que son requeridas por la tutela eficaz de estos derechos en favor de todos los ciudadanos y por la pacífica composición de tales derechos, por la adecuada promoción de esta honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia, y por la debida custodia de la moralidad pública. Todo esto constituye una parte fundamental del bien común y está comprendido en la noción de orden público. Por lo demás, se debe observar en la sociedad la norma de la libertad íntegra, según la cual, la libertad debe reconocerse al hombre lo más ampliamente posible y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea. La educación para el ejercicio de la libertad

8. Los hombres de nuestro tiempo son presionados de distintas maneras y se encuentran en el peligro de verse privados de su propia libertad de elección. Por otra parte, son no pocos los que se muestran propensos a rechazar toda subjección bajo pretexto de libertad y a tener en poco la debida obediencia.

Por lo cual, este Concilio Vaticano exhorta a todos, pero principalmente a aquellos que cuidan de la educación de otros, a que se esmeren en formar a los hombres de tal forma que, acatando el orden moral, obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la genuina libertad; hombres que juzguen las cosas con criterio propio a la luz de la verdad, que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad, y que se esfuercen en secundar todo lo verdadero y lo justo, asociando gustosamente su acción con los demás.

Por lo tanto, la libertad religiosa se debe también ordenar a contribuir a que los hombres actúen con mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus propios deberes en la vida social.